por valentin abreu la isla lile desde clave digital"La Suprema Corte de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que no es posible anular Actas del Estado Civil o restarles validez, a través de medidas administrativas tomadas ya sea por el Oficial del Estado Civil, ya sea por los dirSANTO DOMINGO, DN/República Dominicana.- La jueza de la Junta Central Electoral (JCE), Aura Celeste Fernández, propondrá al pleno de este tribunal la declaratoria de un proyecto de amnistía general con el propósito de corregir los casos de irregularidades, suplantaciones y falsificaciones de actas que existen en el Registro del Estado Civil.
En una carta remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y a los demás miembros de este organismo, Fernández señala que con este proyecto se establecería una declaratoria de amnistía general para aquellas inscripciones con 10 años o más de haber sido realizadas; acompañado de un proceso de regularización de los casos anteriores a esa fecha.
La propuesta está contemplada dentro de las sugerencias hechas por Fernández al Pleno de la JCE en torno a una Reforma del Registro Civil.
A juicio de la miembra de la Cámara Contenciosa del tribunal comicial las ultimas iniciativas sobre el tema, como la circular número 017, emitida por el presidente de la Cámara Administrativa, y la resolución 12-2007 del Pleno de la JCE son inconstitucionales y contraria a la ley.
Aura Celeste Fernández.
Clave Digital/Archivo."La Suprema Corte de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que no es posible anular Actas del Estado Civil o restarles validez, a través de medidas administrativas tomadas ya sea por el Oficial del Estado Civil, ya sea por los directivos del Registro Civil", indicó.
En la circular número 017, del 29 de marzo del 2007, el juez Roberto Rosario dispuso la suspensión de la expedición de actas de nacimiento a descendientes de extranjeros cuyos padres no hayan probado su residencia legal en el país.
Mientras, la resolución 12-2007, emitida por el Pleno en diciembre de año pasado, autoriza la suspensión de la expedición de actas consideradas viciadas o irregulares.
Tanto Aura Celeste Fernández como el juez Eddy Olivares han expresado su desacuerdo a lo establecido en ambos documentos y consideran que con estas decisiones la JCE se excede en sus funciones.
Ambas decisiones han afectado de manera directa a dominicanos descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana.
"La Ley 659 con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los individuos, entre ellos los derechos a una tutela judicial efectiva y de defensa, ha establecido en su artículo 35 que el único proceso para invalidar un acta es la inscripción en falsedad", indica Fernández en su propuesta.
La propuesta de Fernández
La jueza de la JCE plantea que a partir de esta amnistía se establecería un procedimiento especial abreviado para la anulación o regularización de todas aquellas actas que contengan falsedades en los datos que figuran en el libro del Registro Civil y que este se realizaría por la jurisdicción civil ordinaria.
Explica que en este proceso el juez estará en la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales de las personas en cuyo perjuicio se inicia la acción, especialmente la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de los derechos adquiridos, el principio de irretroactividad de la ley y el derecho a la identidad.
Sugiere que en el caso de los lugares donde exista mayor cantidad de expedientes irregulares se creen Tribunales Liquidares Especiales, en acuerdo con al Suprema Corte de Justicia, los cuales se dedicarán a conocer este tipo de expedientes.
Fernández propone que para lograr la aprobación de urgencia de este proyecto, ante lo que considera un problema de prioridad nacional, debe realizarse un encuentro entre la SCJ, la Comisión de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, la Procuraduría General y la JCE.ectivos del Registro Civil", indicó.
En una carta remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, y a los demás miembros de este organismo, Fernández señala que con este proyecto se establecería una declaratoria de amnistía general para aquellas inscripciones con 10 años o más de haber sido realizadas; acompañado de un proceso de regularización de los casos anteriores a esa fecha.
La propuesta está contemplada dentro de las sugerencias hechas por Fernández al Pleno de la JCE en torno a una Reforma del Registro Civil.
A juicio de la miembra de la Cámara Contenciosa del tribunal comicial las ultimas iniciativas sobre el tema, como la circular número 017, emitida por el presidente de la Cámara Administrativa, y la resolución 12-2007 del Pleno de la JCE son inconstitucionales y contraria a la ley.
Aura Celeste Fernández.
Clave Digital/Archivo."La Suprema Corte de Justicia ha señalado en reiteradas ocasiones que no es posible anular Actas del Estado Civil o restarles validez, a través de medidas administrativas tomadas ya sea por el Oficial del Estado Civil, ya sea por los directivos del Registro Civil", indicó.
En la circular número 017, del 29 de marzo del 2007, el juez Roberto Rosario dispuso la suspensión de la expedición de actas de nacimiento a descendientes de extranjeros cuyos padres no hayan probado su residencia legal en el país.
Mientras, la resolución 12-2007, emitida por el Pleno en diciembre de año pasado, autoriza la suspensión de la expedición de actas consideradas viciadas o irregulares.
Tanto Aura Celeste Fernández como el juez Eddy Olivares han expresado su desacuerdo a lo establecido en ambos documentos y consideran que con estas decisiones la JCE se excede en sus funciones.
Ambas decisiones han afectado de manera directa a dominicanos descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana.
"La Ley 659 con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los individuos, entre ellos los derechos a una tutela judicial efectiva y de defensa, ha establecido en su artículo 35 que el único proceso para invalidar un acta es la inscripción en falsedad", indica Fernández en su propuesta.
La propuesta de Fernández
La jueza de la JCE plantea que a partir de esta amnistía se establecería un procedimiento especial abreviado para la anulación o regularización de todas aquellas actas que contengan falsedades en los datos que figuran en el libro del Registro Civil y que este se realizaría por la jurisdicción civil ordinaria.
Explica que en este proceso el juez estará en la obligación de garantizar todos los derechos fundamentales de las personas en cuyo perjuicio se inicia la acción, especialmente la presunción de inocencia, el debido proceso, la protección de los derechos adquiridos, el principio de irretroactividad de la ley y el derecho a la identidad.
Sugiere que en el caso de los lugares donde exista mayor cantidad de expedientes irregulares se creen Tribunales Liquidares Especiales, en acuerdo con al Suprema Corte de Justicia, los cuales se dedicarán a conocer este tipo de expedientes.
Fernández propone que para lograr la aprobación de urgencia de este proyecto, ante lo que considera un problema de prioridad nacional, debe realizarse un encuentro entre la SCJ, la Comisión de Justicia del Senado y de la Cámara de Diputados, la Procuraduría General y la JCE.ectivos del Registro Civil", indicó.
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