por valentin abreu la isla lile
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SANTO DOMINGO. 6 DE MARZO DE 2008.- Bajo el título “Derecho a la Identidad en Las Américas y el rol de la sociedad civil”, una conferencia organizada por el Centro Robert F. Kennedy por los Derechos Humanos, la entidad canadiense Derechos y Democracia, y la Universidad Americana de Washington, reunirá este viernes 7 marzo en la capital federal de los Estados Unidos, a varios expertos que expondrán sobre los problemas relacionados con el registro civil en el hemisferio.
Entre los expositores, dos mujeres de la isla Quisqueya, la dominicana Sonia Pierre, Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y la haitiana Colette Lespinasse, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR), tendrán la oportunidad de presentar los casos correspondientes a cada uno de los dos países que comparten el territorio insular.
El evento al cual asistirán representantes de organismos internacionales tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está compuesto de dos paneles, respectivamente sobre las violaciones al derecho a una identidad y la respuesta internacional a las violaciones en ese campo, que se registran en varios países, incluyendo la República Dominicana y Haití.
Según los organizadores los Estados tienen una responsabilidad directa de evitar que por “omisión o comisión” los derechos de los ciudadanos a tener una identidad sean violados.
En la isla Quisqueya, 25% de la población dominicana de más de 9 millones de personas no tiene documentos de identidad mientras que cerca de la mitad de la población haitiana también de más de 9 millones de habitantes no está legalmente registrada.
Para la pasada elección presidencial de febrero del 2006 en Haití, la OEA llevó a cabo un programa de documentación que permitió inscribir en el padrón electoral más de 3 millones de ciudadanos. Lograda la instalación del nuevo gobierno haitiano, el interés para la continuación del programa parece haber bajado.
Del lado dominicano, los hijos/as de migrantes haitianos/as que constituyen la colonia de extranjeros en situación irregular más numerosa del país, han tenido tradicionalmente dificultades para ser reconocidos legalmente como dominicanos. Por el momento según denuncias de los activistas de derechos humanos, la Junta Central Electoral (JCE) está procediendo a la anulación de las actas de nacimiento de quienes lo poseen.
Una nueva Ley de Migración está siendo parcialmente aplicada sin haber entrado formalmente en vigor, a través del establecimiento de un nuevo registro llamado “Libro Rosado” donde se inscriben los niños/as nacidos/as de madres haitianas indocumentadas, los cuales son referidos al consulado haitiano para obtener la nacionalidad del país vecino, en contra de la voluntad de su madre y en contra de la constitución dominicana que prevé el “jus soli” para la nacionalidad afirman las ONGs.
Entre los expositores, dos mujeres de la isla Quisqueya, la dominicana Sonia Pierre, Directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA) y la haitiana Colette Lespinasse, coordinadora del Grupo de Apoyo a los Refugiados y Repatriados (GARR), tendrán la oportunidad de presentar los casos correspondientes a cada uno de los dos países que comparten el territorio insular.
El evento al cual asistirán representantes de organismos internacionales tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está compuesto de dos paneles, respectivamente sobre las violaciones al derecho a una identidad y la respuesta internacional a las violaciones en ese campo, que se registran en varios países, incluyendo la República Dominicana y Haití.
Según los organizadores los Estados tienen una responsabilidad directa de evitar que por “omisión o comisión” los derechos de los ciudadanos a tener una identidad sean violados.
En la isla Quisqueya, 25% de la población dominicana de más de 9 millones de personas no tiene documentos de identidad mientras que cerca de la mitad de la población haitiana también de más de 9 millones de habitantes no está legalmente registrada.
Para la pasada elección presidencial de febrero del 2006 en Haití, la OEA llevó a cabo un programa de documentación que permitió inscribir en el padrón electoral más de 3 millones de ciudadanos. Lograda la instalación del nuevo gobierno haitiano, el interés para la continuación del programa parece haber bajado.
Del lado dominicano, los hijos/as de migrantes haitianos/as que constituyen la colonia de extranjeros en situación irregular más numerosa del país, han tenido tradicionalmente dificultades para ser reconocidos legalmente como dominicanos. Por el momento según denuncias de los activistas de derechos humanos, la Junta Central Electoral (JCE) está procediendo a la anulación de las actas de nacimiento de quienes lo poseen.
Una nueva Ley de Migración está siendo parcialmente aplicada sin haber entrado formalmente en vigor, a través del establecimiento de un nuevo registro llamado “Libro Rosado” donde se inscriben los niños/as nacidos/as de madres haitianas indocumentadas, los cuales son referidos al consulado haitiano para obtener la nacionalidad del país vecino, en contra de la voluntad de su madre y en contra de la constitución dominicana que prevé el “jus soli” para la nacionalidad afirman las ONGs.
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